Por Makarena Kröger
Directora de cuentas de Narrativa by Cadem

Tips de educación financiera, recomendaciones de ahorro, ideas para organizar el presupuesto personal y de la casa o inversión en criptomonedas son algunos de los tópicos que se encuentran por miles en Instagram, YouTube y TikTok, de la mano de los finfluencers o influencers financieros. Acumulan millones se seguidores, comentarios y visualizaciones de sus contenidos y se han transformado en referentes en su área. 

Pero lo que venía siendo negocio redondo tuvo un traspié, cuando a mediados de 2024 hizo ruido un anuncio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que estaba trabajando en un proyecto para regular a quienes entregan consejos financieros por redes sociales, dentro de la llamada Ley Fintech. Es así como desde febrero de 2025, para seguir difundiendo este tipo de contenido será necesario registrarse ante el regulador como tal, comprobar un grado académico relacionado con esta área, declaración de buen comportamiento y rendir la prueba CAMV (del Comité de Acreditación de Conocimiento del Mercado de Valores). De lo contrario, podrían enfrentar sanciones, aunque queda pendiente la gran deuda en esta materia: definir mejor los contornos de lo que se considera opinión, recomendación y lo que entra en la categoría de educación financiera; sin este consenso, aplicar la norma será difícil. 

Si bien la noticia fue bien recibida por gran parte de los aludidos, especialmente desde el cuidado por la veracidad e intereses particulares tras las recomendaciones, esta medida también toca un tema más de fondo: la responsabilidad pública que una persona con cientos de miles de seguidores tiene. Más allá de lo estrictamente financiero, que en sí es un tema muy sensible que puede afectar el patrimonio de una familia completa, hay otros ámbitos donde el impacto de una recomendación puede ser delicado, como ocurre con la salud, donde miles de influencers recomiendan terapias alternativas sin ningún respaldo apelando a la pseudociencia, o la industria de la belleza, con productos que no siempre están autorizados o debidamente etiquetados. El mero hecho de contar con una audiencia debería significar ciertos principios éticos y responsabilidad al difundir información, entonces, así como se ha estudiado e implementado el concepto de responsabilidad social de los medios de comunicación, ¿será momento para pasar al mundo digital? ¿Deberían todos los creadores de contenidos con más de x seguidores regirse por ciertas normas o va en contra de la misma naturaleza de estas plataformas? 

Esta duda nos lleva a otro ámbito, que pone también el foco en la libertad de expresión: ¿hasta dónde podemos llegar en RRSS? ¿Cuáles son los ámbitos que se limitan y cuáles no? ¿Quién lo define? En Chile parece haber cierto consenso: el 74% cree que las redes sociales deberían ser reguladas más estrictamente en cuanto al contenido que se publica, según reveló la encuesta 5C de Cadem (enero 2025). Sin embargo, sigue siendo una interrogante abierta, y hoy más que nunca cuando la desinformación aparece como el principal riesgo según el World Economic Forum, mientras que, en contraste, Facebook y X eliminaron sus políticas de selección de contenidos y Meta implementó su traductor automático multilingüe, abriendo interrogantes sobre el impacto de la inteligencia artificial en la calidad de la información. Yuval Noah Harari levantó una alerta sobre el poder de los algoritmos para influir en las decisiones humanas, cuestionando hasta qué punto promueven o limitan la autonomía individual. En la misma línea, el creciente uso de algoritmos para personalizar contenidos en redes sociales plantea riesgos de manipulación informativa y la creación de burbujas, mientras que la falta de moderación amplifica discursos de odio y desinformación. Este panorama exige un debate urgente sobre el uso ético de estas tecnologías y su regulación, del que en Narrativa queremos ser parte.